EL AYUNTAMIENTO IRÁ A LA VÍA JUDICIAL TRAS DESESTIMAR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO SOBRE LAS VIVIENDAS SOCIALES DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

5/10/2021


EL AYUNTAMIENTO IRÁ A LA VÍA JUDICIAL TRAS DESESTIMAR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO SOBRE LAS VIVIENDAS SOCIALES DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

El alcalde de Écija, David Javier García Ostos, ha informado que la Junta de Andalucía ha desestimado el recurso de alzada presentado por el ayuntamiento contra la resolución de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de no ejercer el derecho de retracto para rescatar las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, adquiridas por un fondo de inversión en la subasta de activos por la liquidación de la empresa municipal Sedesa. En el recurso de alzada, recordemos, el ayuntamiento pedía impugnar el acto de transmisión de las 91 viviendas y dejar sin efecto cualquier acto o resolución registral para volver a tener un plazo de sesenta días en que ejercitar el derecho de retracto y rescatar las viviendas.

El alcalde ha anunciado que el ayuntamiento de Écija acudirá a la vía judicial a partir de ahora, algo en lo que ya trabajan los servicios jurídicos del ayuntamiento de Écija, con el objetivo de defender los derechos de las 91 familias afectadas y del propio Consistorio. David García Ostos ha señalado que “las familias ya han sido informadas sobre la contestación que nos ha dado hace unos días la Junta de Andalucía, que sigue en sus trece, desestimando la voluntad que tiene este ayuntamiento para que se haga el retracto. En la respuesta al recurso de alzada que presentamos, la Junta no habla de que dejó pasar los plazos que había para ejercer el derecho de retracto, y  sí alude a una imposibilidad jurídica para no hacerlo. Pensamos que hay una intencionalidad política por parte de la Junta para no ejercer el derecho de retracto, que en su día sí se comprometió a hacer”.

Por tanto, una vez desestimado el recurso de alzada presentado por el ayuntamiento de Écija, el siguiente paso será, tal y como ha anunciado el alcalde, acudir a la vía judicial. García Ostos señaló que “seguiremos por vía judicial, en este caso un contencioso, que ya está en manos de los servicios jurídicos del ayuntamiento, y se está trabajando sobre los argumentos jurídicos que ha utilizado la Junta para desestimar el recurso de alzada. Tenemos dos meses para ejercer esta voluntad, que ya es política, con el objetivo de defender los intereses del ayuntamiento y fundamentalmente de las 91 familias afectadas”. El alcalde informó recientemente a estas familias sobre la contestación de la Junta al recurso de alzada, y ha indicado que “están, lógicamente, decepcionadas, porque no entienden por qué sus viviendas están subastadas, cuando el resto de viviendas sociales se han podido recuperar por parte del ayuntamiento”. En este sentido, García Ostos ha manifestado que “cuando se presenta el cuaderno de liquidación de la sociedad, Sedesa, al gobierno municipal del PP, no se hizo nada para evitar la subasta. Ese es el debate que hay, por qué en un momento puntual de la liquidación de Sedesa, cuando el administrador dice que las 91 viviendas van a ser subastadas, el gobierno del PP no hace nada para impedirlo. No estamos hablando, como sí hace el PP de Écija, de la nefasta gestión de anteriores gobiernos como causa para llevar a la ruina a las empresas municipales. Ese no es el debate, sino por qué el gobierno del PP no hizo nada para impedir la subasta de las 91 viviendas”. El alcalde recordó que “sin embargo, el resto de promociones de viviendas sociales, ya con el PSOE en el gobierno de la ciudad, no salieron a subasta, porque dimos todos los pasos administrativos que había que dar para que las viviendas quedaran bajo la titularidad pública. Por tanto, que quede claro que las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía fueron a subasta porque el PP, en su momento, no hizo nada para impedirlo”.

El alcalde, además, ha acusado a la Junta de Andalucía de falta de lealtad institucional, y ha recordado que “en un primer momento, se nos dijo, incluso por escrito, que ejercería el derecho de retracto. Sin embargo, dejó pasar los plazos establecidos, lo que nos lleva ahora a la vía judicial para seguir defendiendo los intereses de los vecinos y del propio ayuntamiento. Ahora –concluyó el alcalde-, será la Justicia la que dirima quién lleva la razón y diga qué ha pasado en este proceso y por qué las viviendas tuvieron que ir a subasta, adjudicándose a un fondo privado”.