Unas 60 personas han participado en la mañana de hoy en la concentración convocada a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, por los inquilinos de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía. Los vecinos reclaman a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de retracto sobre las viviendas para que sigan siendo públicas. El alcalde de Écija, David Javier García Ostos, junto a otros miembros del Gobierno Local de la ciudad, ha apoyado, con su presencia, a los vecinos en esta concentración celebrada delante de la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Sobre las once y media de la mañana comenzaba esta concentración convocada por los inquilinos de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía. Es la tercera movilización que llevan a cabo, después de las celebradas el pasado 26 de julio a las puertas del Palacio de Benamejí y el 19 de agosto cuando se manifestaron por las calles de Écija. Hoy, unas 60 personas se han concentrado a las puertas del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Han mostrado diversas pancartas con mensajes muy claros, en los que exigen a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de retracto sobre las viviendas. Una de las vecinas, Milagros Campos, señalaba que “mi vivienda tiene que seguir siendo pública, es lo que le exigimos a la Junta”. A su lado, portando una de las pancartas, Carmen Ruiz indicaba que “tenemos una gran incertidumbre. La Junta nos puede ayudar, y eso es lo que queremos que haga, quedándose finalmente con las viviendas”. Por su parte, Rafaela Reyes dijo que “las viviendas son nuestras, y son públicas. Ahora, la Junta tiene otra oportunidad para quedárselas, si ejerce su derecho de retracto, y eso es lo que exigimos, porque lo estamos pasando muy mal. Pero seguiremos luchando por lo que es nuestro”.

Las 91 viviendas sociales de Estatuto de Autonomía salieron a subasta como consecuencia de la liquidación de la empresa municipal Sedesa, y fueron adquiridas por un fondo de inversión privado, por 1.150.000 euros. Hoy, el alcalde de Écija, David Javier García Ostos, ha señalado que “los vecinos no van a estar solos en este proceso. Durante dos años, el ayuntamiento estuvo hablando, desde la lealtad institucional, con la Junta de Andalucía para que no se llegase a esta situación, tan injusta para los vecinos. La Junta no ha cumplido y por eso se han establecido dos líneas de presión, la legal, ya que hemos presentado recurso de alzada, y la de la movilización que llevan a cabo los vecinos, a los que seguiremos apoyando”. García Ostos, respecto al recurso de alzada presentado en el mes de agosto, indicó que “si finalmente no prospera, es decir, si no es satisfactorio con los intereses de estas familias, iremos a la vía judicial ordinaria”. Acompañando al alcalde, han participado en la concentración varios de los concejales del Gobierno Local de la ciudad, así como otros líderes socialistas, como Beatriz Rubiño, portavoz en la comisión de Fomento en el Parlamento de Andalucía; Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla; José Losada, diputado nacional, y Rodrigo Rodríguez, alcalde de Cañada Rosal y diputado provincial. En lo que se refiere a nivel local, varios grupos políticos de la oposición han estado representados en la concentración. Así, el presidente de Fuerza Ecijana, José Mª Rodríguez, dijo que “estamos, y estaremos, al lado de los vecinos. Espero que la Junta de Andalucía tenga voluntad de solucionar el tema y no deje a estas familias en la estacada”. Por su parte, Eligio García, portavoz de Izquierda Unida, al que acompañaba el diputado nacional por Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante, indicó que “son familias vulnerables que pueden quedar en una situación muy delicada, así que esperemos que salga adelante el recurso de alzada presentado por el ayuntamiento. IU estará siempre al lado de los vecinos”. Finalmente, Mario Perea, portavoz de Podemos, se mostró contundente al afirmar que “a la Junta no le interesa nada lo que ocurra con estas 91 familias, y además ignora que estamos hablando de un patrimonio municipal. La Junta ha preferido beneficiar a una empresa privada. Nosotros, mientras, nos volcaremos con estas familias”.

Las viviendas de Estatuto de Autonomía son un patrimonio público, vendido a un fondo privado de inversión por 1.150.000 euros, a unos 13.000 euros la vivienda, cuando su coste fue superior en su momento a los 3 millones de euros. Los inquilinos, lógicamente, están muy preocupados por su futuro, de ahí que esta mañana hayan vuelto a manifestarse, en este caso delante de la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para exigir a la administración autonómica que ejerza su derecho de retracto. Si finalmente lo hace, el objetivo estaría conseguido y las viviendas sociales seguirían siendo públicas.